Ayer estuvimos en la presentación del informe sobre Libertad de expresión que realizó la ADC, Asociación por los Derechos Civiles, en conjunto con la iniciativa por Justicia de la Sociedad Abierta. El informe registra y advierte sobre diferentes tipo de censuras “más sutiles” que se utilizan desde los estados de Latinoamérica, como el abuso de utilización de la publicidad oficial como premio o castigo en función del contenido editorial, el abuso de poder administrativo para el otorgamiento de licencias de radiodifusión, la publicidad otorgada directamente a periodistas en un contexto de precariedad laboral condicionando sus coberturas, entre otros. Es importante desde nuestro lugar, también destacar que no son formas privativas del Estado ni los funcionarios, sino que algunas de estas prácticas también suceden impulsadas desde el ámbito privado; lo que sucede es que son los Estados quienes deberían ser los primeros en cuidar la libertad de expresión de forma activa.

Un punto importante a corregir es que estas formas de abuso de los Estados nacionales, provinciales y municipales, muchas veces se dan en el marco de la ley vigente. Porque no hay legislaciones locales que regulen, por ejemplo, la definición de la pauta oficial según criterios objetivos o monitoreo de terceros independientes. Incluso hay gran confusión entre la utilización de la pauta como subsidio, cuando la pauta tiene un fin de difusión de temas de interés público, en vez de tener una política transparente en ese sentido. En países vecinos como Uruguay, y en otros países de la región como Colombia y Chile ha habido pequeños avances en la definición de mejores marcos regulatorios. En nuestro país, en Tierra del Fuego, la temática ha sido tratada con un decreto.
El informe completo se puede bajar en pdf en el sitio de la ADC (www.adc.org.ar).